Por: Helene Saadoun / Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
La protección de las personas trabajadoras migrantes por parte de las empresas que las emplean o se benefician de su trabajo en las cadenas de suministro es no solo esencial, sino también factible.
Las personas trabajadoras migrantes de América Latina tienen un papel central en el desarrollo económico de sus países de origen; envían millones de dólares en remesas cada año, cerca de 154,511 millones de dólares estadounidenses en 2023¹, y también en sus países de destino, especialmente Canadá y Estados Unidos, donde tienen una contribución significativa en sectores como la construcción, la agricultura, el transporte y la hotelería, entre otros.
A pesar de que la migración laboral aporta beneficios económicos, sociales y culturales a individuos, familias y comunidades enteras, las personas trabajadoras migrantes también enfrentan riesgos persistentes de reclutamiento injusto, explotación laboral y abusos a sus derechos humanos por parte de empleadores sin escrúpulos. Particularmente, aquellas que pertenecen a grupos históricamente discriminados, como es el caso de las mujeres y las personas indígenas.
Desde 2002, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)² hemos documentado y monitoreado alegaciones de abusos por parte de empresas en contra de personas trabajadoras migrantes en las cadenas de suministro globales. Nuestra base de datos sobre alegaciones de personas trabajadoras migrantes se basa en alegaciones públicas reportadas a nivel mundial, proporcionando un panorama general de la vulnerabilidad que se enfrenta cada día (más información sobre la metodología aquí).
Entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2024, hemos rastreado 138 casos de abusos contra personas trabajadoras de América Latina. Los países donde ocurrieron la mayoría de los casos son los Estados Unidos y Canadá, con 81 y 28 casos respectivamente, mientras que las empresas vinculadas a los abusos a través de sus cadenas de suministro también tenían con mayor frecuencia su sede en Estados Unidos, así como en Reino Unido, Canadá y Alemania.
En los casos documentados, las personas trabajadoras migrantes eran originarias de México (56), Guatemala (22), Jamaica (19), Nicaragua (10) y Venezuela (10). Una menor cantidad de casos involucraron a personas trabajadoras provenientes de Perú (8), Brasil (8) y Colombia (5).
La mayoría de los riesgos para personas migrantes de América Latina están relacionados con la salud y seguridad (62 casos), incluyendo exposición a niveles peligrosos de calor y pesticidas, extensas jornadas laborales (44), robo de salarios (44) y actos de intimidación (43) en el trabajo. La base de datos también incluye casos de condiciones de vida precarias, pobres e inhumanas (31), así como falta de acceso a mecanismos de remediación (24), con personas trabajadoras reportando que no tienen la posibilidad de alzar la voz.
Las personas trabajadoras reportaron enfermedades y lesiones relacionadas con su trabajo en 17 casos, y exposición al calor en 16 casos. Esto último es particularmente preocupante para las personas trabajadoras en empleos al aire libre, como la construcción, el reparto en plataformas digitales y la agricultura, ya que la crisis climática hace que el trabajo en exteriores sea cada vez más peligroso. Entre los casos más atroces, se encontraron 16 relacionados con muertes de personas trabajadoras migrantes, en su lugar de trabajo o en su alojamiento.
De forma abrumadora, los datos revelan que el sector agrícola es el más arriesgado, con un 70% de los casos impactando a personas trabajadoras de América Latina, que son parte de los programas de trabajo temporal y estacional tanto en los Estados Unidos como en Canadá. Informes recientes han revelado el carácter sistémico y generalizado del abuso que enfrentan las personas trabajadoras en estos esquemas.
El sector de la agroindustria es especialmente susceptible a los abusos de derechos humanos. Esto se debe principalmente a la naturaleza intensiva del cultivo de cosechas, que frecuentemente incluye trabajo manual poco cualificado. Las personas trabajadoras suelen proceder de sectores marginados, con una sobrerrepresentación de poblaciones migrantes, lo que agrava su vulnerabilidad a diversas formas de abusos laborales. Las deficiencias en la aplicación de la ley y en la rendición de cuentas a lo largo de la cadena de suministro agravan estos problemas subyacentes, perpetuando un ciclo de explotación y desigualdad en el sector.
En un caso emblemático sobre la explotación de personas trabajadoras mexicanas bajo el régimen de visados H-2A, las personas fueron sometidas a condiciones similares a la esclavitud mientras cosechaban sandías entre 2015 y 2017. El caso condujo a la condena del propietario de la empresa y otros implicados por violación de las leyes estadounidenses sobre la esclavitud.
A las personas trabajadoras se les pidió que pagaran tasas de contratación y después fueron manipuladas y coaccionadas para que continuaran trabajando para saldar su deuda. Fueron reubicadas en ranchos no autorizados y se les amenazó con deportación o arresto si intentaban marcharse o escapar.
Otro caso hace referencia a la muerte supuestamente por estrés térmico de un trabajador agrícola mexicano en los Estados Unidos. Según una investigación oficial del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, la muerte podría haberse evitado si el contratista de trabajo agrícola hubiera aplicado prácticas de seguridad relativas a los riesgos relacionados con el calor.
El alcance y la magnitud de los abusos rastreados son inmensos, pero representan solo la punta del iceberg. La base de datos pretende ofrecer un primer acercamiento a los riesgos en materia de derechos laborales a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, respondiendo así a la necesidad de más información y transparencia en las cadenas de suministro globales.
Esta base de datos se suma a los esfuerzos promovidos por el Proyecto PERIPLO, en el que el CIEDH participa, destinado a contribuir a la creación de un sistema de migración laboral más equitativo en las cadenas de suministro de la industria agrícola para proteger los derechos humanos de las personas trabajadoras migrantes.
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NOTAS AL PIE
¹Estos datos incluyen a países de América Latina y el Caribe.
²El CIEDH es una organización internacional de derechos humanos que trabaja para garantizar que el respeto de los derechos humanos esté en el centro de los modelos de negocio de las empresas; apoyar a las comunidades y a las personas trabajadoras para que garanticen sus derechos; promover la rendición de cuentas por el abuso de los derechos humanos por parte de las empresas; y abogar ante los gobiernos para que creen una normativa sólida y aplicable que facilite estos resultados.
