- Los sindicatos de trabajadores agrícolas han hecho relevantes aportes a la transformación de la industria en México.
- Existen iniciativas por parte del sector privado que tienen impacto en las condiciones laborales de las personas trabajadoras agrícolas
- Las organizaciones de la sociedad civil trabajan en conjunto para promover las buenas prácticas en el sector privado de la industria agrícola
- Se acordó la importancia de que las empresas implementen procesos de debida diligencia en DDHH que estén centrados en las personas trabajadoras y asegurar condiciones para que la asociación libre a sindicatos sea posible.
15 de julio de 2022.- Los días 13, 14 y 15 de julio de 2022 se llevó a cabo el VII Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, organizado por la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Miles de personas de toda la región se han sumado a mesas de trabajo y de discusión enfocadas en el tema “Rendición de Cuentas para la Conducta Empresarial Responsable”.
Durante el panel titulado: “Del campo a su mesa: diálogos sobre debida diligencia en derechos humanos y rendición de cuentas en la industria agrícola”, Diana Figueroa, Representante e Investigadora para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), afirmó que la debida diligencia en Derechos Humanos es una obligación y una herramienta de exigencia sobre las violaciones de éstos en las empresas, ya que deben responder a las demandas de las personas trabajadoras. Añadió que las compañías van por buen camino en términos de exponer su compromiso, sin embargo, suelen fallar en lo relacionado con la libertad de asociación y la presentación de las voces de las personas trabajadoras. La experiencia de CIEDH en México es que, aunque las empresas más grandes están haciendo esfuerzos en sus cadenas de suministro, ninguna los realiza de acuerdo a los estándares para que las personas trabajadoras participen.
La mesa de diálogo fue organizada por Fundación Avina, impulsora del Proyecto Periplo, el cual agrupa a organizaciones y colectivos que trabajan en torno a la responsabilidad empresarial en materia de Derechos Humanos y derechos laborales de las y los trabajadores migrantes de la industria agroalimentaria.
Las personas trabajadoras agrícolas constituyen la fuerza laboral de varios de los sectores económicos, tanto a nivel regional, como en las economías nacionales de los países industrializados. La agricultura y la producción de alimentos emplean a un tercio de las personas trabajadoras, más que cualquier otra industria a nivel global.
De acuerdo a las recomendaciones de la OCDE, la industria agroalimentaria tiene la responsabilidad de conducir procesos de debida diligencia en Derechos Humanos, incluyendo la rendición de cuentas, donde sus principales impactos sean atendidos de manera preventiva y, en caso de abuso, se repare el daño. La rendición de cuentas es relevante tanto para la identificación de riesgos en derechos humanos, como para los procesos de comunicación externa y de elaboración e implementación de un plan para abordar estos impactos.
Los derechos laborales de las personas trabajadoras agrícolas, su libertad de asociación, los impactos en los Derechos Humanos al agua, la tierra y el territorio, el ambiente y la alimentación son algunos de las principales problemáticas de esta industria. Uno de los temas centrales del diálogo giró en torno a la relevancia de los sindicatos de trabajadores agrícolas, y en especial sus aportes a la transformación de la industria agrícola en México y las experiencias de las personas trabajadoras en la defensa de sus derechos.
Abigail Vásquez Silva, integrante de Mujeres Unidas en Defensa de Jornaleras e Indígenas (MUDJI) y colaboradora del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas de San Quintín (SINDJA) – México, compartió que el sindicato, desde su conformación, considera que la información es fundamental para que las y los trabajadores agrícolas puedan defender sus derechos humanos laborales y también que debe considerarse a los que no saben leer, ni hablar español para que cada trabajador sea un defensor de sus derechos.
Jorge Acosta, Coordinador de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos (ASTAC) – Ecuador, afirmó que ASTAC es el primer sindicato de la rama en su país, después de 14 años de lucha de las y los trabajadores bananeros. Relató que la producción de alimentos se convirtió en un negocio muy lucrativo, lo que ha llevado a que se den múltiples violaciones a Derechos Humanos, como los que provoca el uso indiscriminado de plaguicidas que afectan la salud de las y los trabajadores. Recomendó fortalecer la presencia de los sindicatos en todos los procesos que impliquen el respeto a los derechos. Habló también sobre el papel de las empresas certificadoras y su estrecha relación que tienen con las empresas agrícolas y los supermercados, para ocultar las violaciones de los derechos de quienes allí laboran. Aseguró que los sindicatos son los únicos garantes; Finalmente, agregó que en la producción agrícola existe discriminación contra las mujeres y señalo que, si los hombres ganan salarios miserables, las mujeres ganan aún menos. “El salario digno es parte del trabajo decente […] si las relaciones comerciales se han globalizado, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil debemos globalizarnos”, concluyó.
Por último, Antonio Mendizabal de la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social (AHIFORES) – México, afirmó que las empresas a las que representa consideran que todo parte de un camino a trabajar, como fue el caso de la inocuidad, la cual se consideraba un gran reto ante las exigencias de los mercados internacionales, y en la actualidad, México rompió con los paradigmas en el campo y es un referente a nivel mundial. En su presentación consideró que se piensa imposible que México se obtengan acuerdos de responsabilidad empresarial con estándares altos, sin embargo, el país estableció estos estándares más allá de las expectativas. Contó que en AHIFORES se hacen giras de buenas prácticas para detectar lo que se hace entre diferentes ramas para identificar buenas prácticas y cómo se alcanzan. Esta organización trabaja en grupos técnicos con la FAO, Fundación Avina y la OIT para tener guías de trazo en el sector hortifrutícola. Sobre el cómo logran acercarse a las empresas, afirmó que AHIFORES tiene dos formas de llegar, a través de comunicación directa con sus socios y mediante dos certificaciones: una de responsabilidad social y, después del T-Mec, otra de un estándar conocido como DEAR T-Mec.
En esta sesión se abordaron esfuerzos y brechas para que la rendición de cuentas en estos derechos específicos cuente con elementos orientativos de acción. Los temas fueron:
- La relevancia de los sindicatos de trabajadores agrícolas, y en especial sus aportes a la transformación de la industria agrícola en México
- Las iniciativas del sector privado con impacto en las condiciones laborales de las personas trabajadoras agrícolas
- Las experiencias de las personas trabajadoras en la defensa de sus derechos
- Las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de buenas prácticas en el sector privado en la industria agrícola
- Las experiencias de creación de diálogos intersectoriales y multi actores.
CONTACTO DE PRENSA
Pablo Baños
