La agroindustria es un pilar económico en América Latina y el Caribe, pero enfrenta desafíos estructurales en materia de derechos humanos y sostenibilidad ambiental, y la Debida Diligencia en Derechos Humanos es clave para prevenir y mitigar estos impactos, asegurando que las empresas no solo cumplan con estándares internacionales, sino que generen modelos de producción más justos y sostenibles.
Así lo señaló Verónica Rodríguez de Fundación Avina, coordinadora de PERIPLO México, durante la sesión “Soluciones colaborativas en los agronegocios: poniendo en práctica la debida diligencia en las cadenas de suministro”, del IX Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe (Sao Paulo, Brasil, 10 y 11 de abril), coorganizada por Fundación Avina, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Rodríguez destacó que el aumento en la producción y el comercio de alimentos también enfrenta problemas de explotación laboral y falta de mecanismos efectivos para garantizar los derechos de las personas trabajadoras agrícolas. En la sesión, además del CIEDH, también participaron las organizaciones aliadas de PERIPLO: Stronger Together México, el Centro de los Derechos del Migrante y CIERTO Global.
La sesión contó con la presencia de alrededor de 80 personas que compartieron, a través de metodologías participativas, experiencias, herramientas, mecanismos y modelos de negocio que integran la debida diligencia en derechos humanos en el sector agrícola, a partir de la convicción de que no es posible avanzar hacia cadenas de suministro agrícola verdaderamente sostenibles sin poner en el centro a las personas trabajadoras y sin una colaboración real entre los sectores público, privado y la sociedad civil.
En este espacio participaron representantes de diversos sectores involucrados, como el empresarial, sociedad civil y también de las trabajadoras agrícolas migrantes, como Abelina Ramírez, lideresa sindical, quién habló sobre los retos que enfrentan las mujeres jornaleras agrícolas en México, como tratos indignos, salario bajos y falta acceso a la justicia. Ramírez explicó que la organización de las personas trabajadoras es una herramienta que les permite conocer y desarrollar mecanismos para exigir y garantizar el respeto a sus derechos, así como enfrentar al machismo y la falta de oportunidades. Finalmente, destacó la creación del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas y la organización Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras e Indígenas como opciones reales a ser tomadas en cuenta para el avance en la agenda de derechos.
En su turno, Esdras Ambriz, gerente de desarrollo laboral agrícola de Driscoll’s, compartió la perspectiva del sector privado agrícola en México sobre la implementación de la debida diligencia en materia de derechos humanos, un “proceso que permite a las empresas identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales”.
Para cumplir el objetivo de la implementación, el sector enfrenta desafíos estructurales como la alta informalidad laboral, la subcontratación, la debilidad institucional y la fragmentación de las cadenas de valor, consideró Ambriz; sin embargo, también enumeró algunas oportunidades y aciertos: regulaciones más exigentes, conciencia de las personas consumidoras, valoración de la reputación corporativa y las certificaciones.
Susan Luna, directora de Surmaule, compartió la experiencia de Proyecto PERIPLO en Chile, que trabaja con personas migrantes venezolanas, haitianas y bolivianas en el sector agrícola, quienes enfrentan la falta de contratos, largas jornadas y vivienda indigna, problemáticas comunes en México y en otros países de la región. Luna explicó que PERIPLO Chile utiliza tres líneas de trabajo: emprendimiento colectivo como espacios de formación para mujeres migrantes; el empoderamiento comunitario, acompañamiento y asesoría, y, finalmente, la articulación en espacios multiactor, con el gobierno y sociedad civil.
Luana Mischiatti compartió la experiencia de Proforest en la implementación de proyectos de debida diligencia en derechos humanos en el sector azucarero de Argentina y Brasil, con el objetivo de capacitar a las plantaciones para llevar a cabo sus propios procesos de debida diligencia y entender la responsabilidad de los diferentes actores de las cadenas de suministro.
Proyecto PERIPLO México agrupa a las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil: Centro de Acompañamiento a Migrantes (CAMINOS), Centro de los Derechos del Migrante Inc. (CDM), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG), Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), Cierto Global, Nosotr@s por la Democracia, Oxfam México, Stronger Together y Verité y ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Walmart.
