En el Día Internacional de la Mujer #8M, miles de mujeres se manifiestan alrededor del mundo para hacer una exigencia colectiva por el reconocimiento de sus derechos humanos. Desde PERIPLO, alianza conformada por organizaciones que buscan contribuir a un sistema de migración laboral agrícola más justo, deseamos ocupar esta fecha para reflexionar sobre las deudas que persisten con las trabajadoras agrícolas migrantes.

Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2023) en México, hay 2.98 millones de personas trabajadoras agrícolas o personas jornaleras, cuya labor es vital para sostener la vida. Aproximadamente, el 11.2% son mujeres, aunque la complejidad para tener datos precisos nos permite presuponer que podría existir un subregistro en la participación de las mujeres, así como la falta de transparencia.

En la mayoría de los casos, el trabajo agrícola funciona por temporadas por lo que las personas que ahí laboran deben migrar, ya sea al interior del país o a los Estados Unidos. Esta característica impide que sean consideradas personas trabajadoras con plenos derechos, y estén expuestas a la informalidad e inestabilidad económica.

Es común que estos traslados a los campos en tiempos de cosecha ocurran en familia. Y ahí, las responsabilidades de cuidado recaen de manera desproporcionada y desigual sobre las mujeres, sin ningún tipo de remuneración, lo que significa una doble o triple jornada para las trabajadoras agrícolas: cuidar, alimentar y educar en espacios que no siempre cuentan con vivienda digna, servicios suficientes, escuelas adaptadas a la movilidad, ni centros de salud asequibles y cercanos. Esto perpetúa las desigualdades económicas, y es uno de los mayores obstáculos para el ejercicio efectivo de sus derechos. A ello se suman las condiciones climáticas y el impacto de los agrotóxicos en su salud.

La industria agrícola tiene retos importantes para garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos, pero las carencias se acentúan cuando hablamos de mujeres trabajadoras. Sin embargo, desde la alianza nos parece importante también reconocer el papel central que tienen las mujeres jornaleras en los espacios organizativos, de solidaridad y de cuidados, frente a los vacíos institucionales. Instamos a tomar acción para que esta carga sea compartida y de corresponsabilidad.

Ante este contexto, las distintas organizaciones que conformamos la Alianza PERIPLO:
1. Pedimos a las autoridades de los tres niveles reconocer la deuda histórica con el trabajo agrícola y la necesidad de avances legislativos y en políticas públicas para mejorar sus condiciones laborales y de vida, considerando las demandas particulares de las mujeres trabajadoras.
2. Solicitamos a las empresas del sector agrícola colaborar para eliminar los prejuicios y estereotipos que desvalorizan el trabajo de las mujeres y tomar medidas para eliminar las desigualdades de salarios y de derechos.
3. Invitamos a las organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos a seguir brindando información y capacitación con perspectiva de género, considerando la diversidad de contextos, idiomas y costumbres de las mujeres trabajadoras agrícolas.
4. Convocamos a los movimientos feministas, de mujeres, laborista, así como a las personas consumidoras, a fortalecer los espacios de diálogo con las mujeres trabajadoras agrícolas, que representan uno de los sectores más precarizados de la sociedad.