• En México hay cerca de 2.5 millones de personas trabajadoras agrícolas, de las cuales, alrededor del 13% son mujeres.
  • Un informe de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas señala que son las asalariadas más explotadas en esta industria.
  • Según datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos: 93.4% de las mujeres trabajadoras agrícolas en México carecen de contrato y acceso a instituciones de salud y el 85% no cuentan con prestaciones laborales.

En marco del Día Internacional de las Mujeres y para generar diálogos multiactor que pongan en el centro las experiencias de las mujeres trabajadoras agrícolas migrantes, la Mesa de diálogo organizada por el proyecto PERIPLO abordó el papel de las empresas en la promoción de liderazgos de las mujeres trabajadoras migrantes en la industria agrícola en México.

Empresas y sociedad civil conversaron sobre el trabajo realizado, deudas y oportunidades para atender las demandas de las trabajadoras agrícolas migrantes en el país y su papel de liderazgo dentro de la industria agrícola, en una mesa de diálogo organizada por proyecto PERIPLO.

El conversatorio contó con la participación de Margarita Nemecio, integrante del Centro de estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG), que acompaña a personas trabajadoras agrícolas migrantes; Marion Avril, directora de impacto social y medioambiente en Driscoll’s, empresa parte de la Comunidad Marco sobre Debida Diligencia en Derechos Humanos y Elizabeth Martínez, trabajadora agrícola del estado de Guerrero.

En su participación, Elizabeth Martínez expuso la necesidad de asegurar que haya igualdad y respeto para cada persona en los campos, así como acciones concretas para  mejorar las condiciones de las viviendas y guarderías, pues muchos niños tienen que acompañar a sus madres a trabajar los surcos. Habló sobre la importancia de que las mujeres ocupen cargos de liderazgo en los campos, señalando que, aunque ya existen mujeres en cargos de supervisoras, son necesarias mujeres que hablen una lengua indígena en cargos altos para apoyar a compañeras que no hablan bien el español y muchas veces son sometidas a abusos y discriminación por parte de los mayordomos. 

En este sentido coincidió Nemecio, quien resaltó la falta de políticas públicas que tengan como objetivo mejorar las condiciones para las mujeres trabajadoras agrícolas, ya que aunque existen programas que buscan mejorar las condiciones de vida, no tienen un enfoque interseccional que aborde las diferentes realidades de las trabajadoras: como mujeres indígenas, embarazadas, adolescentes, o madres solteras. 

Actualmente, consideró, en muchos casos a las mujeres trabajadoras no se les trata como trabajadoras asalariadas, sino simplemente acompañantes de migración de los hombres, lo que implica que no tienen un contrato laboral que garantice sus derechos, y las prestaciones correspondientes a su trabajo. 

Marion Avril mencionó que en algunos de los campos distribuidores de Driscoll’s, el 60 por ciento de las personas trabajadoras son mujeres, y, desde aproximadamente 8 años, se busca promover espacios seguros, dignos y libres de discriminación y abuso hacia las mujeres. También se busca cumplir con los estándares laborales y fomentar entre sus proveedores la firma de contratos y capacitaciones tanto en español como en las lenguas maternas de las y los trabajadores. Avril consideró importante destacar que en varios de los campos proveedores de Driscoll’s, se busca identificar cuáles son las labores de riesgo para la salud en caso de embarazo, y brindar cuidado infantil a las madres trabajadoras. 

Avril explicó que como parte de la Comunidad Marco sobre Debida Diligencia en Derechos Humanos, cocreada por el proyecto PERIPLO y liderado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), Driscoll’s se está asegurando de una implementación real de acciones correctivas en los ranchos proveedores y trabaja en la implementación de los estándares de debida diligencia en derechos humanos con campañas, políticas y entrenamiento; cuidando los temas de género e interseccionalidad, incluyendo contratos en la lengua materna de las y los trabajadores. 

Para concluir, Nemecio mencionó que desde su experiencia en CECIG no han encontrado un verdadero cumplimiento de las responsabilidades en cuestión de derechos humanos en los campos agrícolas con los que han trabajado; no basta con organizar acciones “folklóricas”, sino que se deben de buscar y ejecutar en conjunto soluciones sostenibles, adecuadas y adaptadas a las necesidades de las mujeres trabajadoras agrícolas, para garantizar la participación de las mujeres en todos los eslabones de la cadena de producción agrícola. 

PERIPLO es un proyecto colaborativo que tiene como objetivo promover el ejercicio de los derechos laborales de las personas trabajadoras agrícolas, así como promover la implementación de las mejores prácticas en la materia en el sector privado. Llevamos a cabo espacios de diálogo como este conversatorio para acercar a los distintos actores clave para alcanzar un sistema agrícola entre México y Estados Unidos más justo y equitativo.

El proyecto agrupa a las siguientes organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil: Centro de Acompañamiento a Migrantes (CAMINOS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de los Derechos del Migrante Inc. (CDM), Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG), Cierto Global, Oxfam México, Stronger Together y Verité. Con el financiamiento de la Fundación Walmart.

Visita el sitio www.proyectoperiplo.org para conocer más sobre el proyecto y sus aliados.

 

 

CONTACTO DE PRENSA

Pablo Baños
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