Desde su experiencia organizando y defendiendo los derechos de las trabajadoras del Valle de San Quintín, Abelina Ramírez llevó las prioridades de las jornaleras agrícolas al proceso que definirá la política mexicana en materia de empresas y derechos humanos.
A quince años de la adopción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, México está cada vez más cerca de contar con una política pública que se convierta en el Plan Nacional de Acción en la materia. La Secretaría de Economía lidera el proceso dentro del Gobierno de México y, como parte de él, abrió desde junio de 2026 un espacio de consulta pública para recibir la retroalimentación de todas las partes interesadas en la construcción de esta iniciativa.
En la consulta realizada el 22 de julio participó Abelina Ramírez, trabajadora agrícola integrante del Movimiento de Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras e Indígenas (MUDJI) y referente de la lucha por los derechos de las y los jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California. Abelina fue secretaria general del Sindicato Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas (SINDJA) y, desde el MUDJI, impulsa y acompaña procesos de organización y defensa de los derechos de las trabajadoras jornaleras agrícolas.
Durante su intervención, Abelina posicionó los temas que más preocupan a las jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín: la seguridad social, la inspección laboral, las condiciones generales de trabajo y la necesidad de fortalecer las capacitaciones dirigidas a las empresas.
Su participación es fundamental para que la elaboración de esta política pública tome en cuenta no solamente la experiencia de las personas jornaleras agrícolas, sino también su voz y sus propuestas concretas. Contribuye, además, a que las personas trabajadoras del campo sean reconocidas como actoras fundamentales del proceso: no como víctimas, sino como agentes de cambio con capacidad de incidir en la formulación de las políticas que definirán las reglas del trabajo en el campo mexicano.
El valor de esta participación radica en algo que ningún documento técnico puede sustituir: la posibilidad de incorporar, en un espacio de incidencia con repercusiones a nivel nacional, la voz de una trabajadora que ha vivido en carne propia las consecuencias de la falta de condiciones adecuadas para el pleno goce de sus derechos laborales.
Desde 2021, PERIPLO y sus organizaciones aliadas acompañan liderazgos de trabajadoras agrícolas para que su experiencia y sus propuestas lleguen directamente a los espacios donde se toman las decisiones.
