El pasado 29 y 30 de abril, en el Ciudad de México, se llevó a cabo la “Sesión de capacitación y Mesa de diálogo con organizaciones de la sociedad civil en el sector agrícola”, un espacio gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en colaboración con Proyecto PERIPLO, donde se contó con alrededor de 30 personas provenientes de Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Morelos y Ciudad de México.  

El objetivo de ambas sesiones se centró en compartir conocimientos y establecer mecanismos de colaboración para construir estrategias de acompañamiento y acción que permitan un futuro digno para el campo.  

De igual manera, se buscó socializar la iniciativa y principios del estándar IRIS que, de acuerdo con la OIM “es una iniciativa global de múltiples actores interesados que apoyan a los gobiernos, sociedad civil, al sector privado y a las agencias de reclutamiento para establecer la contratación ética como una norma en la migración laboral internacional. El objetivo de IRIS es hacer el reclutamiento internacional justo para todas las partes interesadas: personas trabajadoras migrantes, empleadores, personas reclutadoras y los países de origen y destino.[…] a través de la promoción y el respeto por los derechos de las personas migrantes”.  

Además del reclutamiento ético, se habló de tendencias migratorias, el impacto del cambio climático, la trata de personas, el enfoque de género, así como los derechos laborales y la dignificación del trabajo en el sector agrícola.  

Durante ambos días, las personas ponentes y asistentes resaltaron la importancia de no llevar a cabo ninguna acción sin las y los jornaleros. Es primordial que sus necesidades, sus voces y sus experiencias sean el punto medular de cualquier proceso que impacte en las condiciones laborales y de vida del campo.  

En palabras de Elizabeth Calvillo, de Oxfam México: “La lucha de las personas trabajadoras agrícolas nos debe importar a todos y todas porque cuando hay contextos de desigualdad, que aparentemente solo afectan a algunos, en realidad no es así: nos afectan a todos en diferente escala. La desigualdad no es un fenómeno aislado, sino que se expresa de maneras más fuertes con algunos sectores respecto a otros. Al final de cuentas las violaciones a los derechos de las personas trabajadoras agrícolas son una expresión de que en la sociedad hay desigualdad para todas y todos. No podemos hablar de democracia, equidad y justicia social si un grupo está siendo vulnerado de esta manera”.  

También se resaltó la necesidad de observar los diferentes factores que intervienen en el sector agrícola. Por un lado, es de vital importancia mirar las diferentes condiciones, determinadas por el género, que afectan de manera específica a las personas trabajadoras agrícolas cuando pertenecen a alguna disidencia (personas trans, queer, etc.) o cuando son mujeres. Se trata de grupos que sufren abusos diferenciados, tales como el acoso o la violencia sexual.  

El cambio climático, por su parte, es otro factor a tomar en cuenta, ya que afecta en mayor medida a quienes pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas trabajadoras agrícolas.  El cambio climático impacta directamente en el rendimiento de los cultivos, genera pérdida de ganado y destrucción de siembras, así como plagas y enfermedades causadas por las variaciones en las temperaturas. Este también puede verse acelerado por prácticas no sustentables en la agricultura por ejemplo la deforestación. 

Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que los cambios extremos de temperaturas globales provocan estrés térmico, lo cual afecta las labores de al menos 2,410 millones de trabajadores y trabajadoras. Además, afirma que el calor en exceso es el causante de 22,8 millones de lesiones profesionales que cuestan 19,000 vidas al año.  

Otra área de preocupación es que las personas trabajadoras agrícolas son más vulnerables de ser afectadas por la trata con fines de explotación laboral; también mediante promesas falsas, sufren fraudes y engaños y los envían a campos donde son víctimas de este delito.  

Ante esto, las organizaciones asistentes señalaron la necesidad de colaboraciones entre empresas, gobierno y sociedad civil. En su opinión, estas alianzas impulsan el desarrollo de políticas y regulaciones que pueden garantizar condiciones laborales justas y seguras en el sector agrícola.  

Por un lado, el gobierno debe establecer normativas y estándares para que las empresas implementen prácticas responsables. Mientras tanto, la sociedad civil puede desempeñar un papel crucial al abogar por los derechos de los trabajadores y monitorear el cumplimiento de las leyes laborales.  

Estas alianzas, así como la apertura de espacios de trabajo y diálogo, son fundamentales para abordar los desafíos que enfrentan las y los jornaleros, así como para garantizar un futuro más justo y sostenible para todas las personas involucradas en el sector agrícola.