“Autobús de jornaleros choca con un sedán en la México 15 en Ahome; hay tres lesionados”, “Eran jornaleras las personas fallecidas en la volcadura en la carretera Panamericana”, “¿Quiénes son los jornaleros mexicanos que murieron en el accidente de Idaho?”, “Volcadura de autobús con jornaleros deja un saldo de seis heridos en Sinaloa”. Estos son solamente algunos de los titulares que periódicos nacionales e internacionales emplearon para anunciar las volcaduras de autobuses que se utilizan para transportar a las personas trabajadoras agrícolas.  

Esta clase de siniestros se han convertido en algo común en noticias que parecieran parte de la cotidianidad del país; sin embargo, no es normal que esto suceda. Es, en realidad, un síntoma de algo mucho más profundo; es el aviso de una serie de irregularidades y abandonos, de las condiciones precarias de trabajo, de la corrupción sistémica y la indolencia generalizada frente a los peligros que enfrentan diariamente las y los jornaleros.  

En palabras de la periodista e investigadora Elena Herrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan:  

 “Los largos trayectos, las condiciones de los medios de transporte y de las carreteras, muchas veces en mal estado, hacen parte de los ingredientes para la tragedia. No son solo los accidentes, sino lo que estos representan: la falta de condiciones dignas de trabajo y de traslados, la falta de seguridad, la escasa o nula atención médica a la que tienen acceso las familias jornaleras, los altos costos del acceso a la salud en caso de resultar heridos o de requerir hospitalización o atención inmediata, el tiempo no trabajado a causa del accidente, todo lo cual se refleja en un mayor empobrecimiento y dificultades para lidiar con soportar la vida propia, de la familia y de la comunidad durante toda la temporada”. 

No es una coincidencia que, a lo largo del país, año con año se den a conocer nuevos casos de volcaduras, personas heridas de gravedad y muertes de trabajadoras y trabajadores agrícolas. La repetición de los hechos es el anuncio de un problema estructural que es urgente atender y prevenir. 

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El 18 de mayo de 2022, en medio de las curvas de la carretera 405 Tuxcueca-Mazamitla en el sureste de Jalisco, muy cerca de Michoacán, perdió los frenos un autobús que transportaba a 33 personas jornaleras; de ellas, 14 perdieron la vida.  

Esta historia fue documentada por Martha Guillén y Lauro Rodríguez, quienes realizaron un reportaje para Quinto Elemento Lab donde señalan las irregularidades detrás de este hecho.  

Desde la perspectiva de esta investigación, este siniestro, aún impune y sin indemnización para las familias, resulta de irregularidades que colocan a las personas trabajadoras agrícolas en una profunda situación de vulnerabilidad.  En sus palabras:

“Con la complacencia gubernamental, empresas agroproductoras con ganancias millonarias usan vehículos de segunda mano, o con permisos vencidos, para trasladar a sus jornaleros a los campos de trabajo en Jalisco. El resultado: muerte, dolor e impunidad. Las empresas aprovechan la escasa o nula supervisión oficial para dejar a su suerte a las personas lesionadas y no pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas”. 

También la vivencia de Artemio Hernández Reyes de 24 años, quien fue gravemente herido en junio de 2024 tras una volcadura en el municipio de El Arenal, Hidalgo es otra muestra.  Los daños que sufrió lo dejaron en coma, sin seguro y con la necesidad urgente de una operación que su familia no podía costear y que la empresa contratista se negó a pagar.    

México no es el único lugar donde esto sucede. El 14 de mayo de 2024, en Florida, murieron ocho trabajadores agrícolas al volcarse el autobús que los transportaba. Tan solo cuatro días después, el 18 de mayo, en Idaho, fallecieron seis jornaleros más, también en un accidente vial.  

Detrás de cada titular hay personas heridas, que pierden a sus parejas familiares y seres queridos; personas que salen de sus comunidades de origen con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida a través del acceso a un trabajo, al que en ocasiones no logran llegar por las irregularidades en el transporte. 

Estos casos tienen lugar en un sistema marcado por la discriminación, clasismo y racismo que invisibiliza sus necesidades y son la consecuencia de no tomar medidas preventivas para salvaguardar las vidas de las y los trabajadores agrícolas. 

En enero de este año 2024 se reformó la Ley Federal del Trabajo, (LFT), en su artículo 283i, y explicitó que “los patrones deben proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, transporte cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa. El patrón podrá emplear sus propios medios o pagar el servicio para que el trabajador haga uso de un transporte público adecuado. Si la persona trabajadora del campo fuere contratada para residir temporalmente en el centro de trabajo, en un lugar distinto donde tiene su residencia habitual, la persona empleadora tendrá a su cargo el traslado seguro y cómodo de aquélla, el de su grupo familiar y las pertenencias de todos ellos, desde el lugar de contratación al de ejecución del contrato cuando se iniciare la relación y de regreso al terminarse el vínculo”. Por lo tanto, la LFT clarificar las responsabilidades y aclara la importancia de un transporte seguro y cómodo para las personas trabajadoras. 

Sin embargo, preocupa que no se esté implementando la normativa en todos los casos ya que en una revisión de notas de prensa a nivel nacional de los primeros seis meses del año identificamos múltiples casos que involucran pérdidas de vidas de las personas trabajadoras agrícolas. Ante la magnitud de la problemática es importante que las autoridades competentes de ambos países documenten estos lamentables sucesos, investiguen y faciliten el acceso a la justicia de las víctimas; y también que brinden información estadística que permita mejorar las medidas y políticas para la no repetición.   

El reclutamiento ético que promueve el Proyecto PERIPLO entiende el reclutamiento desde que se da a conocer la oferta laboral en la comunidad de origen, las entrevistas, la firma del contrato, tramites administrativos, el traslado, la realización de las labores agrícolas y el regreso, por lo que un reclutamiento que no cuida y brinda transporte seguro, o que cobra a las personas trabajadoras dicho transporte o cuota contraviniendo el principio internacional del empleador paga, no puede denominarse ético. 

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Generar alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y las empresas se vuelve crucial para garantizar el trabajo digno, desde la salida de la comunidad, hasta el retorno al finalizar la temporada laboral. Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel vital en la sensibilización y la defensa de los derechos de estos trabajadores, pero sus esfuerzos se amplifican cuando se unen con el gobierno y las empresas para crear soluciones integrales y sostenibles. 

El gobierno, con su capacidad regulatoria y de implementación de políticas públicas, debe establecer y hacer cumplir normas de seguridad más estrictas para los vehículos que transportan a las y los trabajadores agrícolas. Además, es necesario destinar recursos para mejorar la infraestructura y la capacitación de las personas conductoras.  

A las compañías, por su parte, les toca invertir en vehículos más seguros, en programas de formación para sus conductores y en el desarrollo de rutas de transporte y horarios más seguros, garantizando así que las personas trabajadoras lleguen a sus destinos con vida. 

Las alianzas entre estos tres sectores fomentan un enfoque que abarca no solo la seguridad física, sino también el bienestar integral de las personas trabajadoras agrícolas. Únicamente a través de la colaboración entre todos los actores será posible construir un entorno de trabajo más seguro, digno y justo para todos los agentes involucrados en el sector.