Sara es mujer nahua de la montaña de Guerrero. Lleva toda la vida migrando. Ella misma lo dice: «Desde que nací, nunca conocí lo que es niñez, lo que es ser adolescente. Siempre nacimos migrantes.» Este año, su hija de 15 años, asentada en un campo de Sinaloa, tuvo un aborto y fue hospitalizada durante dos semanas. El empleador no la había dado de alta en el seguro social. Sin credencial de elector, sin contrato, sin cobertura. Sara lo resumió ante una sala llena de autoridades del IMSS, la STPS, la FAO y legisladoras de la Cámara de Diputados: «¿Dónde están esos derechos que están escritos? Sabemos que están escritos, pero ¿cuándo van a salir? ¿Cuándo van a llegar a las personas que en verdad lo necesitamos?»
Eso fue el 16 de abril de 2026, en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en el foro Sembrar el Derecho a la Seguridad Social para las Personas Jornaleras, organizado por la Alianza Campo Justo y la CISS.
Sara no habló sola. Durante dos jornadas, Nubia, Erika, Dalia, Dana y Eulogia, jornaleras de Guerrero, Oaxaca y Sinaloa, con trabajo en estados como Sonora, Michoacán y Baja California, pusieron sobre la mesa una realidad que los datos oficiales apenas rozan.
Dana trabaja en el corte de limón en Michoacán. Tiene un bebé y una niña de cuatro años. Los lleva al campo porque no hay guarderías donde dejarlos. «Lo ando cargando en el portabebé, lo pongo abajo del limón», contó. Llegó a ese campo embarazada de tres meses y trabajó hasta el último día antes de dar a luz. «Descansé dos o tres semanas y ya me puse a trabajar otra vez, porque no hay nada para nosotras.»
Eulogia lleva tres años intentando obtener permiso para abrir una guardería en el poblado Miguel Alemán, Sonora. Se lo han negado repetidamente. Mientras tanto, de su jornal de 400 pesos diarios, destina 100 al cuidado de sus hijos. «Y a veces ganamos 200 pesos, 100 pesos, porque se acaba el trabajo», dijo.
Erika, originaria de Guerrero y asentada en Sonora, describió cómo en varios campos les hacen firmar documentos con los que ceden sus derechos a la seguridad social. «Los hacen firmar un papel, perdemos todos los derechos del seguro social, prestaciones y todo lo demás.» Las guarderías en Sinaloa, agregó, «se redujeron a la mitad».
Dalia tiene edad de estudiante de preparatoria. Desde los ocho años cuida a sus hermanos y primos mientras sus padres trabajan en el campo. «Hay situaciones en donde los demás niños dicen, “No, pues tú no perteneces acá”. Te hacen burlas por el simple hecho de no poder hablar bien.»
Y Nubia, representante de la Unión de Jornaleras Agrícolas de Sinaloa posicionó la urgencia de eliminar los pases de atención que, en la práctica, se convierten en una simulación. “Para mí, lo más importante como mujer trabajadora agrícola es la salud”, señaló, y cuestionó: “¿Cuántos de esos pases equivalen a una cirugía? Los pases no atienden una cirugía ni dan seguimiento posterior. Nosotras no estamos pidiendo apoyo, estamos demandando nuestros derechos.»
El 86.6% de las personas jornaleras agrícolas en México sigue sin afiliación a la seguridad social. Siete de cada diez no tienen acceso a ningún servicio de salud. Nueve de cada diez trabajan sin contrato escrito. Estas cifras no son nuevas, llevan años circulando en informes de la OIT, la FAO, el INEGI y organizaciones civiles, pero este foro les puso rostro, nombre y coordenadas precisas.
Las mismas personas que sostienen con su trabajo la cadena alimentaria de México y de varios países más, se sentaron junto a las instituciones que históricamente han tomado decisiones que las afectan sin incluirlas. Lo hicieron como titulares de derechos, en un diálogo franco, presentando la realidad y la urgencia de avanzar con medidas claras que resuelvan las brechas entre la normatividad y la realidad.
Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, lo reconoció: «Si los patrones cumpliesen con las leyes que ya existen, el 70% de lo que nos han contado no pasaría.» El foro también fue el espacio en que se presentó el Certificado Laboral de Agroexportación (VELAGRO), iniciativa ya aprobada en el Senado que busca condicionar los permisos de exportación al cumplimiento de la formalidad laboral, específicamente en el registro en el IMSS. Una medida que podría transformar las reglas del juego para una parte importante del sector.
Para quienes trabajan en la intersección entre derechos laborales y movilidad agrícola en el corredor México–Estados Unidos, este foro no es un evento aislado. Las mismas mujeres jornaleras que describieron sus condiciones en campos de Sinaloa, Sonora, Michoacán y Baja California forman parte de la fuerza de trabajo que alimenta cadenas de valor binacionales. Los tomates, pepinos, limones, aguacates y fresas que se producen bajo esas condiciones terminan en mercados de Estados Unidos y Canadá. Como señaló Alejandro Salafranca en el foro: “Se cuida más el producto que los derechos laborales; así como se vigila que el producto no sea regado con aguas tóxicas, se pedirá que haya sido producido con trabajo formal, y si no, no exporta.”
Con la revisión del T-MEC prevista para julio de 2026, la conversación sobre estándares laborales en la agricultura tiene una ventana real para avanzar. Lo que se sembró en este foro: datos, diagnóstico de contexto, voluntad institucional y, sobre todo, la voz de las propias trabajadoras es parte del terreno que hace posible esa conversación.
Las jornaleras lo dicen con la claridad que solo da la experiencia: «Nosotras sostenemos al campo, pero el sistema no nos sostiene a nosotras.»
Que esa frase no se quede en el recinto de la CISS es responsabilidad de todos los actores que estuvieron presentes. Y de los que, sin haber estado, trabajan todos los días en esta misma agenda.
Fotografía cortesía de Fundación Avina
