Durante años, las organizaciones que acompañan a personas trabajadoras agrícolas migrantes en México han llevado al mismo conjunto de mesas un argumento difícil de contradecir: el campo mexicano exporta más de 50 mil millones de dólares al año (Banxico, SIE CE122, 2024), es el primer proveedor de aguacate en el mundo y una de las siete potencias agroexportadoras a nivel global (STPS, 2026) y sin embargo, la mayor parte de quienes hacen posible ese número llegan al final de la temporada sin haber cotizado un solo día al IMSS. Recientemente, ese argumento llegó al Congreso en forma de iniciativa de ley.
La propuesta para crear el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), presentada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante la Cámara de Diputados y Diputadas el 20 de abril, es la respuesta institucional a una demanda que organizaciones, sindicatos, alianzas y trabajadoras han construido con paciencia y con datos. Que exista es, en sí mismo, evidencia de que el trabajo colectivo produce resultados, aunque aún queda un largo camino por recorrer para que sea una realidad para todos los productos agrícolas de exportación.
El CLA y su plataforma operativa, VELAGRO, son el producto de un proceso de diálogo que involucró a la STPS, el IMSS, la Secretaría de Economía y la SADER, y que se fue nutriendo de aportaciones del sector productivo y de organizaciones que documentan, desde el terreno, lo que los registros gubernamentales no capturan.
Desde 2024, las organizaciones que participan en PERIPLO han comentado los avances presentados por la STPS, en diversas reuniones, foros o en el task force que se impulsa por CIESAS-Jornamex donde también participa sector privado, academia y sindicatos. En cada uno de esos momentos, la contribución fue la misma: llevar al diseño del mecanismo la perspectiva de las trabajadoras en movimiento, las que migran entre estados y cultivos, las que sostienen la cadena desde el eslabón más invisible.
Que una reforma de este alcance llegue al Congreso refleja trabajo acumulado que no aparece en los encabezados. Vale nombrarlo porque así funciona el cambio estructural: despacio y con muchas voces.
La propuesta de funcionamiento del certificado es que quienes exportan productos agrícolas (iniciando con el aguacate) muestran su documentación y la plataforma valida automáticamente el registro de su personal ante el IMSS para el periodo de producción. El factor que vincula toneladas cosechadas con trabajo formal en el IMSS, se define de forma conjunta entre el sector productivo, la STPS, el IMSS y la SADER. Así la exportación queda condicionada al cumplimiento.
Para las personas trabajadoras agrícolas, lo que esto abre es una lógica nueva: el cumplimiento laboral pasa a tener consecuencias en el negocio de quien exporta, no solo en el expediente de quien inspecciona. Hoy, de las 5.3 millones de personas que trabajan en el campo, solo 763 mil, el 12.8%, están aseguradas ante el IMSS (ENOE, 2T 2025; registros administrativos IMSS). La propuesta contempla además un programa piloto de un año para acompañar la transición.
La misma necesidad que PERIPLO colocó en los espacios de diálogo sobre el instrumento sigue viva ya que el VELAGRO opera sobre la cadena agroexportadora. Eso implica que hay un tramo del trabajo agrícola, el que abastece el mercado nacional, el que se da en unidades de producción más pequeñas, el que no está vinculado a registros de exportación, donde el instrumento no llega. Para las trabajadoras migrantes agrícolas las preguntas sobre cómo la plataforma captura la discontinuidad del trabajo migrante también siguen abiertas.
Esas no son razones para matizar el avance: es importante dar seguimiento a la reglamentación secundaria. Con la revisión del T-MEC en el horizonte y los mercados de exportación endureciendo sus estándares de debida diligencia laboral, México llega a esa mesa con algo concreto. Establece un piso desde el cual construir que el crecimiento del sector agrícola y los derechos de quienes trabajan en él no son objetivos contradictorios.
Desde PERIPLO, celebramos el avance con claridad sobre lo que viene. Y seguimos impulsando diálogos colaborativos para encontrar la solución que permita avanzar en el tramo que el certificado no cubre, con las organizaciones y las y los trabajadores que lo conocen mejor que nadie.
PERIPLO es un proyecto colaborativo impulsado por Fundación Avina. Acompaña a organizaciones de la sociedad civil, empresas y gobierno en la construcción de condiciones laborales dignas para las personas trabajadoras agrícolas migrantes a lo largo de las cadenas de valor, en el corredor México–Estados Unidos.
Fotografía cortesía Fundación Avina / Toumani Camara / Ellas Hablan 2022
