Organizaciones de Sociedad Civil y senadores y senadoras mexicanas se reunieron para discutir cómo mejorar el reclutamiento de trabajadores agrícolas en el país, durante el encuentro convocado por la Fundación Avina a través de su Proyecto Periplo y el Instituto de los Derechos Humanos y los Negocios. Por parte del Senado participaron las senadoras Bertha Caraveo Camarena, Patricia Mercado  y Nestora Salgado, quienes estuvieron abiertas al diálogo con las organizaciones participantes.  

Además de las organizaciones de la sociedad civil, participaron en la  Mesa Pedro Furtado de Oliveira, Director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, y Mary Ellison y Roger Rodríguez, representantes del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. 

Los temas expuestos por las organizaciones de sociedad civil se enfocaron en el reclutamiento y los riesgos representa para las y los trabajadores migrantes, las buenas prácticas en el reclutamiento – El caso México y EE.UU. y el caso de Canadá. 

Algunos hallazgos de Polaris relacionados con el reclutamiento son las Deudas por Recepción de Enganches: prácticas de intermediación para la contratación de mano de obra en el sector agrícola en México, que suelen incluir el pago por adelantado que otorga el intermediario a las personas trabajadoras para facilitar su traslado, conocido como “enganche”.   

Andrea Rojas, directora de la Iniciativa Estratégica contra la Trata Laboral de Polaris, compartió que han identificado enganches, que ascienden hasta 16 mil 800 pesos, utilizado en su mayoría para cubrir gastos de traslado y gastos familiares. Como resultado, la única forma para acceder a los empleos es por medio de este enganche.  

En su presentación, Rachel Micah-Jones, Directora ejecutiva del Centro de Los Derechos del Migrante, aseguró que los problemas en los programas de Empleo Temporal comienzan en el reclutamiento. Las condiciones bajo las que se expiden las visas temporales, vinculadas a un único empleador, provoca que las personas trabajadoras tengan pocos incentivos para denunciar abusos. También informó que existen dos o tres niveles de intermediarios entre las y los trabajadores y las empresas contratantes, los cuales tienen el control absoluto sobre el proceso de reclutamiento y condiciones de trabajo.   

“Tenemos que lograr el reclutamiento responsable en México. Como diputadxs nos compete exhortar a los gobiernos locales que desarrollen políticas para detectar el reclutamiento fraudulento en las comunidades”, expuso la senadora Mercado, quien además fue parte importante para la organización de esta Mesa de diálogo.   

En su intervención, Caraveo, Presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, afirmó que es elemental ver cómo el reclutamiento forma parte de la migración ordenada. “El acto de migrar no es sinónimo de ilegalidad, ya que las personas se mueven por distintas razones, entre ellas la búsqueda de empleo”. Bajo esta premisa, uno de los objetivos que se deben perseguir como poder legislativo es garantizar que existan mecanismos de seguimiento y protección dentro de la migración laboral.  

Axel García, Director Ejecutivo de CIERTO, una organización internacional sin fines de lucro que promueve el reclutamiento ético,  compartió la experiencia de la organización con la implementación de buenas prácticas en el proceso de reclutamiento, mecanismos de supervisión  y  el desarrollo de una aplicación para verificar y emitir informes en los ranchos e identificar puntos de mejora continua.   

El investigador Jorge Aceytuno de FairSquare, organización que trabaja en el fortalecimiento de las leyes y políticas contra las prácticas de reclutamiento abusivo y fraudulento, presentó algunas claves para México en el reclutamiento hacia EE.UU. y Canadá:  aumentar el presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; priorizar la inspección de reclutadores de trabajadores migrantes, autorizados y no autorizados; garantizar la compensación a las personas trabajadoras; mejorar la información a trabajadores, y la colaboración entre el Gobierno Mexicano y la sociedad civil.  

Aceytuno recalcó que México es uno de los pocos países en el mundo que prohíbe en su constitución el cobro de tarifas de reclutamiento. Sin embargo, reconoció los retos que aún existen para hacer esto una realidad.   

En su participación, la senadora Nestora Salgado señaló que la situación de las y los jornaleros siempre ha estado marcada por las injusticias y violaciones a sus derechos humanos. “Las personas jornaleras deben ser tratadas con dignidad, se les debe garantizar un trabajo digno y verdaderas condiciones de seguridad social, porque el trabajo que realizan es fundamental para el desarrollo del país”, aseguró Salgado.  

Finalmente, el grupo de senadoras marcó una agenda para dar seguimiento al foro: exhortar a los gobiernos locales para desarrollar protocolos y políticas para detectar a los reclutadores fraudulentos; la no discriminación a las mujeres; fortalecer a la STPS para tener áreas de inspección e inyectarle recursos y formar comités de coordinación internacional.   

Pedro Furtado cerró la Mesa agregando que los acuerdos en esta Mesa podrían alimentar una agenda de trabajo conjunta. Asimismo, recalcó que a partir de esta reunión se puede incurrir a que otros actores en materia laboral, como los empleadores y trabajadores, puedan participar para lograr reconocer, aprobar y validar en conjunto convenios internacionales que promuevan mejores condiciones de trabajo y acceso a seguridad social.   

El evento concluyó con el acuerdo de un seguimiento por parte de las senadoras a los temas planteados y la continuidad del diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.