A pesar de los esfuerzos conjuntos entre gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores, sociedad civil y la cooperación internacional, en América Latina aún existen 8,2 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan y están poniendo en riesgo su salud y seguridad.
El trabajo infantil resulta ser una gran limitante al acceso y permanencia en el sistema educativo y compromete las oportunidades de insertarse en trabajos decentes en el futuro (OIT-UNICEF, 2021). El trabajo conjunto entre gobiernos, organizaciones de personas empleadoras y también de trabajadoras, sociedad civil y cooperación internacional, logró que entre los años 2000 y 2020 se redujera en 11.3 millones el número de niñas, niños y adolescentes que trabajan.
Resulta fundamental que, para el diseño y la ejecución de políticas, programas e iniciativas, se tomen en cuenta los objetivos de la Meta 8.7, impulsada por la ONU, –la cual busca la erradicación del trabajo infantil para 2025–. Y que los actores políticos reconozcan la existencia de desigualdades de género y su influencia en las características y condiciones diferenciadas que el trabajo infantil adquiere para niñas y niños.
Según datos de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, las niñas y adolescentes realizan en mayor proporción actividades en el ámbito del hogar, como trabajo doméstico y de cuidados, ya sean remunerados o no, y son víctimas de trabajo infantil como explotación sexual, trabajo forzoso o trabajo en condiciones de servidumbre. Este tipo de explotación, por sus características, hace que su identificación, cuantificación y seguimiento resulte complejo para las autoridades y organizaciones.
La OIT logró hacer un mapeo de Buenas Prácticas Sobre Trabajo Infantil y género en Latinoamérica y el Caribe, en el que se presentan casos de éxito en su aplicación que pueden ayudar concientizar a la población para cambiar la situación en la que se encuentran muchas niñas y niños.
¿Qué pueden hacer las organizaciones y autoridades?
En este Mapeo de Buenas Prácticas, la OIT afirma que es indispensable reconocer la existencia de estos sistemas complejos en los que se vincula el trabajo infantil, a partir de esto, se pueden incluir en las acciones de las autoridades y organismos, enfoques que atiendan y reconozcan las diferentes variables que operan. La integración de la perspectiva de género es fundamental para atender las necesidades que se presenten al tratar el trabajo infantil.
La aplicación de buenas prácticas con perspectiva de género debe incluir cualquier actuación o acción implantada que funcione para combatir trabajo infantil, ya sea total o parcialmente, y que ayude a velar por la igualdad real entre mujeres y hombres, niñas y niños.
En las Buenas prácticas para promover la igualdad de género en los proyectos de cooperación técnica de la OIT, se recomienda abordar sistemáticamente las necesidades de niñas y niños, mujeres y hombres a través del análisis y la planificación de género; y diseñarlas para permitir que todos participen y se beneficien por igual de las mismas.
Se consideran buenas prácticas aquellas que han probado y demostrado que funcionan, siendo criterios fundamentales para su consideración:
- innovación
- eficacia y el impacto
- replicación
- sostenibilidad
- la relevancia
- impulso ético en el uso de recursos (humanos, financieros o materiales) en su implementación
Se pueden considerar elementos de las buenas prácticas:
- Análisis de género
- Planificación de género
- Experiencia relevante en género
- Acciones específicas de género
- Monitoreo sensible al género
- Intercambio de conocimientos
La Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil trabaja para promover la incorporación de perspectiva de género en la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente.
¡Sigamos luchando por un mundo más equitativo, en donde los derechos de los niños y niñas sean respetados!