Introducción

El sector agrícola, históricamente y hasta la actualidad, reproduce condiciones laborales mayormente precarizadas, independientemente del tamaño de la explotación agrícola.

Una peculiaridad de este sector es el aumento de fuerza laboral especializada que requiere en temporadas específicas del año, así como el impacto que tiene el clima y el entorno en la producción, y cómo generan ajustes en la temporalidad del trabajo, las funciones y el volumen de fuerza laboral necesaria. 

Esto se traduce en la inestabilidad laboral de amplios flujos de personas trabajadoras en movilidad circular, tanto nacional como internacional, y en la irregularidad en los procesos de reclutamiento, contratación, traslado, desarrollo de funciones y retorno. La fuerza laboral requerida por el sector se enfoca en una población en situación de pobreza y discriminación que enfrentan además de la inestabilidad laboral, riesgos de fraude, trabajo forzoso, trata con fines de explotación laboral, exposición a químicos nocivos para la salud, retención de salarios y documentación, malos tratos, entre otras vulneraciones. Para estas personas la oferta laboral les permite subsistir, pero no salir del círculo de discriminación, pobreza y falta de acceso a derechos humanos.

Las familias de quienes acuden a los campos mexicanos, muchas veces los acompañan, enfrentándose a un abandono institucional en las áreas de la salud, la vivienda, la alimentación, la educación y el acceso a la justicia. Aunque estas condiciones y obstáculos son similares a los que tendrían en comunidad de origen, el traslado en familias permite fortalecer el vínculo familiar y la permanencia en los campos, reduciendo el abandono y brinda mayor seguridad a las mujeres que acuden a realizar trabajo agrícola solas. Para quienes acuden a campos de Estados Unidos o Canadá, los obstáculos para viajar con sus familias son amplios por lo que es una opción que en la práctica es inviable.

La falta de reconocimiento y atención a las particularidades culturales y lingüísticas, así como el entendimiento del género y la migración, afecta tanto a las personas trabajadoras, especialmente a las mujeres trabajadoras, como a sus familias.

Las mujeres trabajadoras migrantes agrícolas enfrentan las dobles y triples jornadas de trabajo, el riesgo a sufrir acoso y violencia laboral y/o sexual y la exclusión o discriminación para acceder a mejores puestos o al pago igual por igual función, al considerarse según los roles de género normalizados que no tienen capacidad para desarrollar otras funciones. 

Para atender algunas de estas brechas, en 1989, el gobierno federal creó el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas (PRONJAG), con seis líneas de acción:  

  1. Vivienda y saneamiento ambiental.
  2. Salud y seguridad social.
  3. Alimentación y abasto.
  4. Educación, cultura y recreación.
  5. Empleo, capacitación y productividad.
  6. Procuración de justicia.

En 2003, esta política pública se convirtió en el Programa de Apoyo a los Jornaleros Agrícolas (PAJA), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social que, en el sexenio 2018-2024, se convertiría en la Secretaría de Bienestar y en 2019, desaparecería el programa en mención. Esta transición se dio sin ninguna alternativa para suplir las atenciones que brindaba el PAJA, lo que dejó un vacío importante de garantía de derechos para esta población, frente a las grandes problemáticas que enfrenta.

Según Data México (1), en el primer trimestre de 2024, la población ocupada en actividades agrícolas fue de aproximadamente 2.93 millones de personas (87.8% hombres y 12.2% mujeres), con un salario mensual promedio de $3,040.00 pesos mexicanos y un porcentaje de 78.9% de trabajo informal. De media este grupo de población cuanta con 6.12 años de escolaridad frente a los 9.7 de media nacional. Es importante tomar en cuenta que la condición de movilidad dificulta la recolección de información estadística. 

Las personas trabajadoras agrícolas migrantes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad por su condición de movilidad nacional e internacional, así como por la discriminación histórica y estructural que han vivido al pertenecer, en una alta proporción, a comunidades indígenas de México. 

En 2023, la Oficina Certificadora de Trabajo Extranjero de los Estados Unidos de América (2) certificó 20,379 aplicaciones (3) de visas H2A, que correspondieron a 378,513 posiciones. El 84% de estas aplicaciones correspondieron a personas trabajadoras agrícolas y jornaleras. La Organización Internacional para las Migraciones (4) identificó que, en 2022, de las 298.336 visas H2A que se aprobaron, 93% fueron emitidas para personas trabajadoras mexicanas. Un porcentaje que no ha variado notablemente desde 1997. Sumado a ello, en 2023, Canadá registró 45,500 personas mexicanas titulares de permisos de trabajador temporal extranjero y 13,725 personas mexicanas titulares de permisos de trabajo del Programa de Movilidad Internacional.

En el caso de la movilidad laboral internacional con destino a México, el Instituto Nacional de Migración (5), entregó en el primer trimestre de 2023, mil 747 Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF) destinadas en Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Estos permisos incluyen la labor agrícola.

En este contexto complejo y apremiante, nace en 2021 PERIPLO (6), una alianza impulsada por Fundación Avina (7) que suma en la actualidad 12 organizaciones. PERIPLO tiene el propósito de contribuir a la creación de un sistema de migración laboral (interna e internacional) justo y corresponsable con los derechos de las personas trabajadoras agrícolas migrantes en las cadenas de suministro de la industria agrícola en México y entre México, Estados Unidos y Centroamérica.

Este propósito únicamente se puede alcanzar desde el trabajo colaborativo entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Guatemala, así como con las instituciones estatales y municipales, las empresas, la academia, la sociedad civil y las personas trabajadoras.

En este documento, compartimos los puntos inaplazables de la agenda de derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras agrícolas migrantes y sus familias, esperando abrir un canal de comunicación y cooperación constante para atender las distintas problemáticas. El texto fue redactado por esta alianza y publicado el 15 de mayo de 2024 (8), en el marco del Día Nacional del Trabajador Agrícola, así como en el contexto electoral dirigido a las candidaturas. Ahora, con el gobierno electo entrante, actualizamos la agenda y refrendamos la disposición de cooperar con las diversas autoridades para fortalecer el ejercicio de los derechos laborales de este importante y esencial grupo de población.

Así, hacemos un atento llamado a los tres poderes de gobierno, especialmente, los cargos del ejecutivo que entran en funciones a partir de octubre de 2024, con el liderazgo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así como las personas legisladoras de las cámaras federales y estatales. Asimismo, instamos al gobierno mexicano a impulsar políticas trasnacionales con otros Estados, para garantizar la protección más amplia de los derechos de las personas trabajadoras agrícolas migrantes, así como promover el desarrollo económico basado en la prosperidad compartida.

 

Agenda internacional

  • Fortalecer la cooperación con los gobiernos de Norteamérica y Centroamérica en torno a los programas para personas trabajadoras agrícolas migrantes que fomenten el impulso de prácticas antidiscriminatorias, el acceso a información y la regulación de las agencias reclutadoras con perspectiva regional.
  • Promover que Estados Unidos realice una mejora constante de la Acción Diferida para el Cumplimiento de la Normativa Laboral (DALE, por sus siglas en inglés) y de los programas de visas laborales H2A, de la mano de las personas trabajadoras y las organizaciones que las acompañan. Por ejemplo, ampliar la protección que brinda el DALE a cinco años y erradicar la discriminación estructural de género que enfrentan las mujeres y personas de la diversidad sexual.
  • Impulsar la creación de un programa de trabajo temporal para personas de Centroamérica que migren para realizar trabajo agrícola en cualquier estado de México (tomando en cuenta los aprendizajes del programa de visas H2A con Estados Unidos, así como la participación y las recomendaciones de las personas trabajadoras y las organizaciones sociales expertas que las acompañan).
  • Revisar el permiso de trabajo temporal que tiene México para personas trabajadoras centroamericanas, con el fin de agilizar los trámites y mejorar la protección de derechos humanos laborales.

Agenda federal

  • Impulsar la participación de las personas trabajadoras agrícolas migrantes, nacionales e internacionales, sus familias y las organizaciones que las acompañan, en el proceso de creación e implementación de políticas, asegurando que sus voces y necesidades sean escuchadas. 
  • Garantizar que se cumpla la legislación y la creación de políticas públicas con perspectiva interseccional, que consideren aspectos centrales como el género, la edad, la condición social, la lengua y la pertinencia cultural, para poner fin a la discriminación estructural, la violencia, la brecha de desigualdad, el trabajo forzoso e infantil, la trata de personas, la explotación laboral y los abusos.
  • Crear programas de atención integral y con enfoque de derechos humanos destinados a personas trabajadoras agrícolas migrantes, con impactos directos en la mejora de su calidad de vida. Es prioritario que estos programas se complementen con acciones concretas en comunidad de origen y destino para contrarrestar la falta de acceso a derechos fundamentales como justicia, educación, seguridad social, salud integral, alimentación adecuada, agua y vivienda. 
  • Incentivar políticas públicas en materia educativa ―especialmente para niños, niñas y adolescentes―, en el territorio y contexto de las comunidades jornaleras agrícolas, sensibles con la migración, los grupos étnicos y con enfoque de derechos humanos. 
  • Promover que el Sistema Nacional de Cuidados, que considerará a las mujeres trabajadoras agrícolas, fomente la igual distribución del trabajo en los cuidados, así como una red de estancias para niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, mayores o enfermas, que migran con sus familias. 
  • Tomar acciones para garantizar que las personas trabajadoras agrícolas migrantes tengan acceso efectivo a todos sus derechos laborales: contrato escrito en su idioma o leído para quienes no saben leer, la facilitación de vías seguras para la regularización migratoria en el caso de personas extranjeras, licencias por maternidad y paternidad, seguridad social, vacaciones, pago de horas extras, aguinaldo, utilidades y días de incapacidad por enfermedad, ahorro para el retiro, así como equipo de protección frente al manejo de agroquímicos y otros materiales que afecten la salud.
  • Se exige fortalecer el sistema de inspección laboral en capacidades, eficiencia y recursos para garantizar el respeto de estos derechos y prestaciones reconocidas en la Ley Federal del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como para la verificación de las condiciones de pertinencia y saneamiento del centro de trabajo.
  • Desarrollar e implementar un programa federal específico que fortalezca las capacidades de las personas, para brindarles una atención integral y de protección de sus derechos, antes de sus procesos de movilidad laboral desde diferentes entidades.
  • Crear un registro público y accesible de campos agrícolas, que ofrezca certeza a las personas trabajadoras y facilite los procesos de inspección.
  • Impulsar medidas que garanticen la seguridad y la prevención de riesgos en el ecosistema laboral, incluyendo los trayectos diarios para ir a los campos agrícolas, y los viajes de ida y regreso a sus comunidades. Asimismo, se pide crear medidas efectivas de protección frente al crimen organizado. 
  • Establecer estrategias con el sector privado agrícola para atender las responsabilidades conjuntas sobre el derecho a la salud, educación o prestaciones laborales de las personas trabajadoras agrícolas migrantes. 
  • Impulsar y dar seguimiento a las políticas y normativas sobre empresas y derechos humanos ―de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas―, para que las empresas que operan en México incorporen la debida diligencia en derechos humanos y medioambiente, que prevengan y, en su caso, reparen, remedien y aseguren la no repetición de los impactos negativos de los riesgos de sus operaciones directas, o relacionados con su cadena de suministro ―por    ejemplo:    intermediarios    laborales    y   proveedores―.    En    consonancia, solicitamos poner en marcha el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos y que este cuente con una línea base e indicadores que permitan su evaluación y seguimiento.
  • Crear sistemas y mecanismos de reparación judiciales ―que sean promovidos en todos los niveles, regiones y sectores―, a través del fortalecimiento de organismos estatales de inspección y vigilancia que puedan sancionar incumplimientos a la ley, así como unificar la línea nacional contra la trata de personas en el país, considerando las diversas lenguas indígenas. 
  • Fortalecer la recopilación de información estadística oficial que permita monitorear cambios profundos, con desagregación de datos por género, origen étnico y cultural, lengua y edad. 
  • Tomar medidas de prevención y mitigación de impactos del cambio climático que pongan en riesgo las cosechas, los puestos de trabajo, así como la salud de las personas. Es necesario considerar a esta población en los programas de respuesta ante desastres como sequías, sismos, inundaciones y huracanes y en los modelos de reconvención profesional que las adecuaciones del sector agrícola requieran.
  • Ampliar la protección de derechos humanos en el Reglamento de Agencias de Colocación de Personas Trabajadoras, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México, tomando en cuenta la participación de la personas trabajadoras y organizaciones que las acompañan. 

Agenda estatal

  • Diseñar e implementar de manera incluyente y participativa un programa dirigido a las personas jornaleras agrícolas y sus familias ―migrantes y asentadas― que les permita gozar de sus derechos humanos de manera digna y que garantice sus derechos laborales, involucrando a las instancias encargadas: Secretaría del Trabajo, Sistema Nacional de Empleo, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Secretaría de Bienestar.
  • Crear y presentar mecanismos de prevención, seguimiento y transparencia de las medidas que se van a implementar para la atención integral de las personas jornaleras agrícolas y sus familias, por parte de los gobiernos de los estados de Sinaloa, Guerrero, Morelos y otros estados de origen y recepción de personas trabajadoras ―en seguimiento al Decreto de enero de 2024 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras del campo―.

 Desde Proyecto PERIPLO sostenemos que el trabajo digno en el campo no puede esperar más. Es urgente que las acciones para proteger a las personas trabajadoras agrícolas, especialmente a las que migran, se realicen cuanto antes y que el gobierno entrante se comprometa a salvaguardar a quienes laboran en este sector Esencial para la soberanía alimentaria y economía de México.  Cuidar los derechos humanos, así como las condiciones laborales de las personas trabajadoras agrícolas migrantes es un compromiso vital para nuestro país y el mundo.

 

**

Pies de página 

(1)Data México. Trabajadores en actividades agrícolas. Gobierno de México. Recuperado el 25 de julio de 2024: https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/trabajadores-en-actividades-agricolas?employSelector3=salaryOption

(2) Office of Foreign Labor Certification (30 de septiembre de 2023).  H-2A Temporary Agricultural Program – Selected Statistics, Fiscal Year 2023. Department Of Labor: H-2A_Selected_Statistics_FY2023_Q4.pdf (dol.gov)

(3) Las aplicaciones son realizadas por las personas empleadoras y son colectivas. Por ello, cada aplicación representa varias posiciones o personas contratadas.

(4) Organización Internacional para las Migraciones (2 de marzo de 2024). Estadísticas Migratorias para México. Boletín Anual 2023: Estadísticas migratorias 2023 (iom.int)

(5) Secretaría de Gobernación (7 de mayo de 2023). Se expiden 38 mil 710 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias durante primer trimestre de 2023. Gobierno de México: Se expiden 38 mil 710 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias durante primer trimestre de 2023 | Secretaría de Gobernación | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

 (6) Conoce más sobre el Proyecto PERIPLO en: https://proyectoperiplo.org/

 (7) Conoce más sobre Fundación Avina en: https://www.avina.net/

 (8) Revisa el documento original en: https://proyectoperiplo.org/es-esencial-que-las-personas-candidatas-tomen-en-cuenta-los-derechos-de-las-y-los-trabajadores-agricolas-migrantes/